La situación legal de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, dio un giro determinante en el ámbito judicial. Este 6 de septiembre de 2026, una jueza de la Unidad Judicial Anticorrupción dictó orden de prisión preventiva en su contra dentro de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La resolución fue emitida tras la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, en la cual la magistrada acogió la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado. Además de la medida privativa de libertad para asegurar la comparecencia de la funcionaria al proceso, el juzgado dispuso la retención de cuentas bancarias por un monto de USD 309.646 y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.
Un patrimonio bajo la lupa judicial
El proceso penal impulsado por el Ministerio Público se enfoca en las variaciones registradas en las declaraciones juramentadas de la autoridad provincial, quien ocupa el cargo de Prefecta desde el año 2019 y fue reelegida en los comicios de 2023 bajo la alianza entre el movimiento local Construir y la Revolución Ciudadana (RC).
Según informes técnicos e investigaciones periodísticas que forman parte del expediente, el patrimonio neto declarado por Núñez habría experimentado un crecimiento exponencial, al pasar de aproximadamente USD 1,2 millones en 2019 a USD 4,9 millones para el año 2022, sin que hasta el momento existan justificaciones contables claras sobre el origen de dicho incremento.
Defensa del correísmo y fiscalización parlamentaria
La decisión de la jueza anticorrupción generó una reacción inmediata dentro del movimiento Revolución Ciudadana. Voceros y legisladores de la agrupación política calificaron la causa judicial como una abierta «persecución política» y denunciaron la existencia de una campaña sistemática de difamación dirigida a menoscabar la imagen pública de la funcionaria.
El avance de este proceso se da en un momento en que la Asamblea Nacional analiza los patrimonios de alcaldes, prefectos y demás autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a nivel nacional, como parte de las acciones de control político a la gestión pública.
Texto: Redacción Visionarias / IA
