El cierre de Ueno Bank, un banco digital con unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, desató un terremoto financiero que terminó por dinamitar al Gobierno de Paraguay. Acorralado por las protestas ciudadanas y el inminente avance de un juicio político en su contra, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026. Para Ecuador, esta crisis relámpago sirve de recordatorio sobre qué protege el seguro de depósitos y cómo se supervisa a la banca digital.
La caída de un presidente
La onda expansiva del colapso bancario llegó rápidamente al Palacio de López. Treinta y cinco diputados de oposición y disidentes presentaron una acusación para un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Sin embargo, el golpe letal provino desde las propias filas del oficialismo: Horacio Cartes, líder del gobernante Partido Colorado, le retiró el apoyo afirmando que la agrupación no estaría «del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados».
Sin margen de maniobra, Peña comunicó su renuncia mediante un video difundido en sus redes sociales. El ahora expresidente argumentó que su salida busca preservar la estabilidad institucional y la paz social ante la creciente indignación en las calles. Su dimisión, que también forzó la cancelación de su viaje a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, abre paso a la sucesión constitucional del vicepresidente Pedro Alliana, quien completará el mandato hasta 2028.
El principal cuestionamiento contra el exmandatario era su vínculo directo con la entidad: Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025 y nombró como titular del Banco Central (BCP) a Carlos Carvallo, quien había presidido el banco hasta 2023. Carvallo también se vio forzado a dimitir en medio de la crisis.
¿Qué pasó con el banco?
El directorio del BCP aprobó por unanimidad el lunes 2 de noviembre la resolución (cierre) de Ueno Bank. El motivo: su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido tras revelarse préstamos millonarios sin garantías a empresas vinculadas a los propios dueños del banco. Un plan de capitalización de USD 100 millones anunciado a fines de octubre no llegó a tiempo, provocando el cierre de sus operaciones.
Ueno experimentó un crecimiento vertiginoso tras absorber a Visión Banco, sumando más de 48.000 clientes al mes. El desastre salpicó directamente a los fondos públicos: el banco administraba unos USD 850 millones del Estado, incluyendo cerca de USD 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), afectando el canal de pago de 32.000 jubilados.
La respuesta a los ahorristas y la vía penal
El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre unos USD 38.000 por persona. Para mitigar el caos, se promulgó una ley de emergencia que permite un anticipo inmediato de hasta USD 20.000, lo que cubriría a casi el 98% de los afectados. Los pagos comenzarán este viernes 6 de noviembre.
En el ámbito judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por delitos que incluyen lesión de confianza y tentativa de estafa, solicitando prisión preventiva para el fundador de la entidad, Miguel Vázquez.
El ángulo para Ecuador
¿Qué cubre el seguro en Ecuador? La Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) protege hasta USD 32.000 por depositante en cada banco o mutualista. En las cooperativas, el tope varía de USD 1.000 a USD 32.000. Además, la normativa ecuatoriana prioriza trasladar los depósitos a una entidad sana antes de recurrir al pago del seguro.
¿Y la banca digital? A diferencia del temor popular, un banco digital que capta depósitos en Ecuador está sometido a la misma supervisión estricta de la Superintendencia de Bancos y al paraguas de la COSEDE que la banca tradicional. La lección del desastre paraguayo no radica en la tecnología, sino en los peligros de los créditos vinculados y los estrechos nexos entre los banqueros y el poder político.
¿Qué viene?
- Transición política: Pedro Alliana asume el poder Ejecutivo para completar el periodo presidencial en medio de un clima de alta tensión social y exigencias ciudadanas de justicia.
- Pagos: La prueba de fuego para el Estado paraguayo será cumplir con los anticipos a casi tres millones de ahorristas en el plazo prometido de cinco días hábiles.
- Justicia: Un juez de garantías definirá si los directivos imputados enfrentan el proceso en prisión, mientras la Fiscalía tiene hasta mayo de 2027 para sustentar su acusación formal.
