Un empleado de mantenimiento con movimientos financieros que, según las autoridades, superan el millón de dólares. Aspirantes a docentes que habrían pagado entre USD 1.500 y USD 5.000 por un puesto o un nombramiento. Y tres allanamientos simultáneos, uno de ellos en la sede del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en Quito.
Es la Operación Minedec, ejecutada la tarde del martes 13 de octubre de 2026 por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, con el ministro del Interior, John Reimberg, al frente. Estas son las ocho claves de lo que se sabe hasta ahora de un caso que está en fase de investigación y en el que ninguno de los implicados ha sido declarado culpable.
¿Cómo empezó?
Según Primicias, El Universo y El Diario, la investigación tomó alrededor de tres meses y partió de una denuncia. Las versiones sobre el origen varían. Vistazo reportó que la alerta vino de una funcionaria y que la ministra Gilda Alcívar la trasladó a la Secretaría General de Integridad Pública y al Ministerio del Interior. José Julio Neira, vocero de la Presidencia, dijo a Primicias que la “alerta ciudadana” se recibió en abril de 2026 y que la Secretaría de Integridad Pública presentó luego la denuncia ante la Fiscalía.
Una de las primeras señales, según Reimberg, fue financiera: “Fue una de las primeras alertas que tuvimos cuando vemos movimientos que superan el millón de dólares”, declaró, según Expreso.
¿Cómo habría operado la red?
De acuerdo con el boletín del Ministerio del Interior y las declaraciones de Reimberg, la presunta estructura cobraba por “gestionar u ofrecer puestos y nombramientos” en instituciones educativas. Metro Ecuador precisó que lo ofrecido incluía partidas presupuestarias, puestos de trabajo y nombramientos definitivos.
El esquema, según el ministro, tenía roles definidos. Unos “enganchadores” contactaban a los interesados y les ofrecían los cargos. Otra persona recaudaba el dinero y lo repartía entre los demás implicados. La ministra Alcívar añadió, según Notimundo, que la red tendría vínculos con analistas administrativos y con personal con acceso a plataformas para “alterar calificaciones en concursos”.
Los montos
Las autoridades hablan de pagos de entre USD 1.500 y USD 5.000 por cada puesto. El dato que más llamó la atención es otro: “Vemos movimientos que superan el millón de dólares, por supuesto, de un empleado de mantenimiento”, dijo Reimberg, según El Diario. Según Notimundo, esos fondos fueron congelados y puestos a disposición de la Fiscalía.
No está claro aún cuántas personas habrían pagado ni cuántos nombramientos están bajo revisión.
Quiénes son los investigados y en qué situación están
Fueron aprehendidas tres personas, identificadas en el boletín oficial con apellido e inicial:
- Ayala R., del área de mantenimiento, detenido en el edificio del Ministerio. Es el único para quien la Fiscalía prevé formular cargos; según Primicias, podría pedir prisión preventiva.
- Ochoa N., del área de conducción. Según Reimberg, intentó movilizarse durante el allanamiento a su domicilio y fue interceptado.
- Félix P., del área de servicios generales.
Ochoa N. y Félix P. quedaron retenidos 24 horas con fines investigativos para rendir versiones; sus teléfonos serán peritados, según El Comercio. Reimberg afirmó que “también son parte de esta estructura”, pero precisó que “la Fiscalía determinará si formula o no cargos en su contra”. Hasta el cierre de esta nota no se conocía el resultado de la audiencia de formulación de cargos. Todos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
Un antecedente de 2025
Primicias reveló un dato que no aparece en el boletín oficial. Según registros del Consejo de la Judicatura, el funcionario de mantenimiento ya tuvo en 2025 un proceso por presunta concusión, por supuestamente cobrar dinero a cambio de un nombramiento en el mismo Ministerio. En aquella ocasión no fue privado de libertad porque la Fiscalía no reunió elementos suficientes para formular cargos.
La ministra Alcívar, por su parte, dijo que los funcionarios investigados ingresaron a la institución en 2010 y 2011, según Notimundo.
¿Qué es la concusión y qué pena prevé?
El delito que se investiga es la concusión, tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La comete el servidor público que, abusando de su cargo, por sí o por terceros, ordena o exige la entrega de dinero, cuotas o gratificaciones que no se deben. La pena es de tres a cinco años de prisión, y de cinco a siete años si hubo violencia o amenazas.
No todas las versiones oficiales coinciden en la figura. Según Primicias, el vocero presidencial José Julio Neira habló en X de un “supuesto delito de cohecho”, una figura distinta (artículo 280 del COIP), y mencionó montos de entre USD 1.000 y USD 10.000. El boletín del Ministerio del Interior y la Fiscalía se refieren a concusión.
¿Qué dicen las autoridades?
Reimberg aseguró que los aprehendidos “no son las únicas personas” involucradas y que “no se trata solo de sacar a la persona del cargo; debe ir presa”, según El Universo y Metro Ecuador. En X escribió que el Gobierno “ratifica su política de cero tolerancia” frente a estos hechos.
La ministra Alcívar, que acompañó el operativo, dijo que apenas tuvieron “el indicio de que había una red de corrupción” actuaron, según El Diario. Afirmó además que la estructura “estaba enquistada desde gobiernos anteriores”, según Vistazo, y que tendría “tentáculos en diferentes provincias”. El Universo reportó que el Ministerio aplicará controles internos para identificar a otros posibles implicados. Hasta el cierre de esta nota no había un comunicado institucional del Ministerio sobre el caso.
¿Qué viene?
Lo inmediato es la audiencia de formulación de cargos contra Ayala R. y la decisión del juez sobre medidas cautelares. También está pendiente si la Fiscalía formula cargos contra los otros dos aprehendidos. Si se abre la instrucción fiscal, el proceso podría durar varios meses antes de una eventual audiencia de juicio.
Reimberg anticipó que la investigación podría extenderse a funcionarios de niveles superiores, según Primicias. “Tenemos operaciones listas en otras instituciones más”, dijo, según El Universo. Según Notimundo, la indagación también apuntaría a quienes pagaron por los nombramientos.
Para los aspirantes a docentes queda una advertencia: el ingreso al magisterio con nombramiento es por concurso de méritos y oposición, a través del programa “Quiero Ser Maestro”, con inscripción en la web oficial del Ministerio de Educación. Cualquier ofrecimiento de un puesto a cambio de dinero puede denunciarse ante la Fiscalía.
