Tras una jornada marcada por serios contratiempos procesales, recusaciones fallidas y fallas tecnológicas, la justicia ecuatoriana cerró la etapa de juzgamiento del caso Pruebas Covid. El tribunal declaró culpables al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada, imponiéndoles una pena de 9 años y 4 meses de prisión, además del pago de una multa de 20 Salarios Básicos Unificados (USD 9.640).
En la misma resolución, los jueces dictaron penas aún más drásticas para los considerados autores directos de la red ilícita. El ciudadano israelí Sheinman Oren y el procesado Leandro Berrones fueron condenados a cumplir 13 años y 4 meses de privación de libertad.
Fallas de conexión, policía y recusaciones en la recta final
El desarrollo de la diligencia, que representaba el séptimo intento por dar lectura al fallo, volvió a verse al borde de la suspensión desde la tarde del miércoles 9 de septiembre en Quito. El proceso arrancó con el rechazo de una recusación interpuesta a última hora contra los miembros del tribunal, lo que dilató el inicio del acto judicial.
Posteriormente, la sesión se interrumpió de forma severa debido a persistentes problemas de conectividad con la traductora oficial del ciudadano israelí Sheinman Oren. Ante la imposibilidad de llevar la traducción simultánea de forma virtual, el tribunal tuvo que disponer que efectivos de la Policía Nacional se trasladaran de emergencia para recoger a la intérprete y llevarla físicamente hasta el Complejo Judicial Norte, lo que generó un prolongado retraso.
Conexión desde una clínica y pronósticos rebasados
El expresidente Abdalá Bucaram siguió las incidencias de la audiencia de manera telemática desde una habitación de la Clínica Borja en Guayaquil, donde permanece internado tras someterse a una intervención quirúrgica cardíaca. Durante la transmisión se lo observó asistido por un respirador artificial, custodiado por agentes policiales y acompañado por familiares. Jacobo Bucaram también compareció de forma virtual desde su lugar de estancia.
Horas antes de reinstalarse la sesión, el exmandatario había adelantado a través de sus redes sociales que preveía una sentencia en su contra de entre cinco y siete años de cárcel. Sin embargo, la resolución final del tribunal superó sus estimaciones al fijar la condena en más de nueve años, poniendo fin a uno de los procesos penales por corrupción en insumos médicos más seguidos del país.
Texto: Redacción Visionarias / IA
