Un operativo interinstitucional liderado por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, permitió el retiro de 62 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en la provincia de Imbabura. La intervención, ejecutada durante la última semana de julio, se concentró en los cantones de Otavalo, Cotacachi e Ibarra.
Las autoridades confirmaron que estos dispositivos, colocados clandestinamente en postes de uso público, funcionaban como una red de vigilancia. Eran utilizados por grupos delincuenciales para monitorear y alertar sobre los movimientos tácticos de las fuerzas del orden, especialmente para evadir los controles en contra de la minería ilegal y otros delitos.
El gobernador de Imbabura, Javier Ortiz, detalló que varias de estas cámaras operaban en zonas de alta conflictividad, como las parroquias La Carolina y Lita, en las inmediaciones del sector de Buenos Aires, donde persiste la actividad minera ilícita.
A nivel nacional, esta medida responde a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 214, el cual prohíbe terminantemente la instalación de equipos de vigilancia en espacios públicos sin la autorización previa del ECU 911. Juan Carlos Paladines, director general de la entidad, advirtió que toda cámara sin aval técnico que no garantice interoperabilidad con el sistema oficial será retirada.
Con este último despliegue, el balance en el país supera los 1.200 dispositivos dados de baja tras la ejecución de más de 60 operativos a escala nacional, lo que representa un golpe directo a la logística y capacidad de anticipación de las organizaciones criminales.
Texto: Redacción Visionarias / IA
