El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dictó una medida preventiva de suspensión por tres meses, sin goce de sueldo, en contra de la jueza de Guayas y exministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La decisión administrativa, que también recae sobre el magistrado Francisco Rafael Morales, se aplica mientras se desarrolla el sumario disciplinario correspondiente.
El fallo de la Corte Constitucional
La medida disciplinaria adoptada por la Judicatura tiene su origen en un dictamen de la Corte Constitucional (CC). El máximo órgano de interpretación jurídica determinó que Núñez incurrió en la figura de error inexcusable, una de las faltas más graves contempladas para los servidores judiciales.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la infracción se configuró cuando la magistrada desnaturalizó una acción de protección: utilizó este recurso constitucional para resolver un conflicto de carácter netamente contractual y, en consecuencia, ordenó pagos con recursos públicos a favor de una empresa privada. Según la jurisprudencia de la CC, las garantías jurisdiccionales no pueden ser empleadas para dirimir controversias ordinarias ni para disponer desembolsos estatales irregulares.
Doble frente de sanciones
El escenario institucional para Núñez, quien formó parte del gabinete inicial del presidente Daniel Noboa, se ha tornado complejo en distintos frentes legales. A la suspensión preventiva dispuesta por el Consejo de la Judicatura —que podría derivar eventualmente en su destitución definitiva si así lo resuelve el sumario— se suma un fallo reciente en el ámbito electoral.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también emitió una sanción paralela en su contra, ordenando la suspensión de sus derechos de participación política por un periodo de tres meses.
Texto: Redacción Visionarias / IA
