La detención de la dos veces candidata presidencial Luisa González marca el punto más crítico de un 2026 dominado por los procesos judiciales para el movimiento Revolución Ciudadana. A escasas cinco semanas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, el correísmo se encuentra lidiando con al menos cinco frentes legales abiertos simultáneamente entre la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El cerco a Luisa González: El caso Laberinto
El foco mediático y judicial se centra actualmente en el denominado caso Laberinto. La madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, la Policía Nacional detuvo a Luisa González tras allanar su vivienda en el sector de Canuto, cantón Chone (Manabí). La excandidata fue trasladada al Cuartel Modelo.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló bajo reserva y estuvo marcada por retrasos, instalándose cerca de la medianoche tras superar fallas de conexión. El juez a cargo, Harry Navarrete, de la unidad especializada en corrupción y crimen organizado, debe resolver el pedido formal de la Fiscalía, que ha solicitado la prisión preventiva para González, el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre (secretaria del movimiento RETO), además de medidas alternativas para Estefanía Molina.
En esta causa se investiga un presunto lavado de activos. La Fiscalía sostiene que aproximadamente USD 500.000, presuntamente provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos, habrían sido canalizados mediante empresas para financiar publicidad electoral de la Lista 5 entre mayo y agosto de 2023.
Las derivaciones hacia Aquiles Alvarez
El caso Laberinto también ha rozado al actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Durante la audiencia, la secretaría expuso presuntos chats de julio de 2023 entre un cooperador de la investigación y un contacto guardado como «Aquiles Alvarez 1», en los que se discutiría el presupuesto de campaña de USD 500.000. Aunque Alvarez no está procesado en esta causa específica, su situación legal ya es compleja: permanece recluido en la cárcel de El Encuentro tras recibir dos condenas de primera instancia (tres años por el caso Grillete y otra sentencia por el caso Triple A).
Fondos desde Venezuela y presiones institucionales
El panorama penal de la agrupación se complementa con dos causas de alto perfil:
- Caso Caja Chica: En fase de investigación previa. La Fiscalía indaga un presunto delito de delincuencia organizada y lavado de activos por el supuesto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña de 2023. En este caso figuran Rafael Correa, Luisa González y Andrés Arauz. El exasambleísta Santiago Díaz ya rindió una declaración admitiendo el traslado de los fondos por disposición de Correa.
- Caso Ligados: Se investiga asociación ilícita por el presunto uso del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para influir en la justicia electoral y la designación de autoridades. El juicio, que involucra a Andrés Arauz, está fijado para el 23 de noviembre. Otros procesados, como Augusto Verduga y Esther Cuesta, fueron declarados prófugos tras abandonar el país.
La asfixia electoral en el TCE
En el ámbito electoral, la organización ha sufrido duros golpes. El 6 de marzo, el juez del TCE Joaquín Viteri suspendió provisionalmente al movimiento Revolución Ciudadana por nueve meses, a raíz de las investigaciones del caso Caja Chica. Una medida similar recayó en julio sobre el movimiento Amigo, que planeaba acoger a los cuadros correístas. Esta situación ha forzado a la militancia a competir mediante alianzas de última hora con el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular en provincias clave.
Reacciones y un calendario contrarreloj
Frente a esta avalancha judicial, las posturas están fuertemente polarizadas. Luisa González ha calificado las acusaciones de «absurdas» y su detención como una evidente persecución política. Figuras como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguran que los adversarios intentan ganar en los tribunales lo que no logran en las urnas, motivando convocatorias de movilización por parte de la militancia.
Desde la otra orilla, el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió públicamente que «hay algunos más que faltan», mientras la Fiscalía anticipa que continúa tras la pista de otras personas naturales y jurídicas. Todo esto se desarrolla en una carrera contrarreloj: el 9 de noviembre se definirá el listado definitivo de candidaturas, el 23 arranca el juicio del caso Ligados y el 29 el país acudirá a las urnas.
Texto: Redacción Visionarias / IA
