En tres días, tres alcaldes de la Costa quedaron en el centro de la atención judicial y política:
- En Vinces, el alcalde recibió prisión preventiva por presunto lavado de activos.
- En Naranjal, el partido del presidente le retiró el respaldo al alcalde tras la difusión de unos videos.
- En Playas, la Fiscalía allanó la casa del alcalde por presunto peculado.
Todo ocurre a un mes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que se eligen 222 alcaldías.
Playas: allanamiento y USD 15.000 en un vehículo
En la madrugada del viernes 30 de octubre, la Fiscalía y la Policía ejecutaron el Operativo Marea. Hicieron seis allanamientos; la Fiscalía los ubicó en Playas y Guayaquil. Uno de ellos fue en la vivienda de Gabriel Balladares, alcalde de General Villamil Playas desde mayo de 2023, elegido con el auspicio de Pachakutik.
El caso es una investigación previa por presunto peculado, abierta en junio de 2026, según Vistazo y El Universo. El ministro del Interior, John Reimberg, citó informes de auditoría que calculan un perjuicio de USD 520.865,07. Las presuntas irregularidades son estas:
- Pagos por obras no ejecutadas.
- Diferencias en las cantidades de obra.
- Modificaciones de contratos.
- Incumplimientos técnicos.
Reimberg informó también que se encontraron USD 15.000 en efectivo en un vehículo del alcalde. Los agentes recogieron documentos, dinero y dispositivos electrónicos, que quedaron en cadena de custodia. La Fiscalía ejecutó dos órdenes de detención con fines investigativos, para recibir versiones, sin difundir los nombres.
Balladares no fue detenido. «El alcalde tiene inmunidad», dijo Reimberg en una entrevista radial recogida por Metro Ecuador. En televisión agregó que, por ahora, no se le pueden formular cargos ni detenerlo, y que el proceso seguirá cuando termine esa protección. Hasta el cierre de esta nota, ni Balladares ni el Municipio de Playas se habían pronunciado en los medios consultados.
Naranjal: un video y un partido que se aparta
El jueves 29 de octubre, Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento del presidente Daniel Noboa, retiró su respaldo político al alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera. También inició su desafiliación conforme a su Manual de Ética. La decisión llegó después de que circularan en redes videos y audios que, según varios medios, lo vincularían presuntamente con estructuras delictivas.
El Diario y El Telégrafo advierten que esas publicaciones no son una determinación judicial. La Fiscalía, por ahora, no ha informado de investigaciones sobre el caso.
«En ADN no encubrimos a nadie», sostuvo el movimiento en su comunicado. Añadió que, si se comprueban delitos, los responsables deberán responder «sin privilegios ni interferencias». También pidió a los organismos de control que continúen con las investigaciones.
Rivera respondió con un video en redes sociales, según Primicias. Calificó lo ocurrido como una «campaña sucia» y aseguró que en el Municipio «manda y trabaja Juan Carlos Rivera, porque el poder es del pueblo». No se refirió al contenido de los audios y videos.
Vinces: prisión preventiva y USD 3,22 millones bajo la lupa
El tercer caso es el más avanzado en lo judicial. En la madrugada del miércoles 28 de octubre, la operación Gran Fénix 066 terminó con la detención del alcalde de Vinces (Los Ríos), Juan Alfonso Montalván Cerezo. Los medios dan cifras distintas: entre 20 y 21 allanamientos, y 15 o 16 detenidos.
Según la Fiscalía y el Ministerio del Interior, la investigación es por presunto lavado de activos. Una estructura habría movido unos USD 3,22 millones por el sistema financiero entre 2019 y 2026, con la Constructora Aldrensa S.A., que la UAFE había alertado.
Tras una audiencia que comenzó la noche del 28, un juez dictó prisión preventiva para el alcalde y otras nueve personas. Según Primicias, entre ellas hay familiares y trabajadores municipales. Otras dos personas recibieron medidas alternativas. La instrucción fiscal durará 90 días, según Extra.
Montalván no se ha pronunciado públicamente. Su esposa, Andrea Montes, defendió su inocencia en redes. Un abogado de otro de los procesados cuestionó que la Fiscalía no individualizara debidamente los inmuebles. Todos los procesados mantienen la presunción de inocencia.
Un año de alcaldes ante la justicia
Los tres casos se suman a una lista larga. En 2026 han sido detenidos o procesados los alcaldes de Guayaquil (Aquiles Álvarez), Esmeraldas (Vicko Villacís), Jipijapa (Ángela Plúa), El Tambo (René Castillo) y el ahora exalcalde de Machala (Darío Macas). A ellos se suma el de Pujilí (José Arroyo), detenido en 2025 y cuyo juicio empezó el 16 de octubre.
Solo Álvarez tiene condenas, en primera instancia y apeladas. Ninguno tiene una sentencia ejecutoriada, por lo que todos conservan la presunción de inocencia. El 27 de octubre, además, la Fiscalía allanó oficinas municipales y casas de exfuncionarios en Cuenca, también por presunto peculado.
La Contraloría ofrece una pista de la magnitud. El contralor Mauricio Torres dijo en julio a Teleamazonas que 32 de 58 exámenes a gobiernos autónomos descentralizados tenían indicios de responsabilidad penal (Expreso). En octubre habló de «más de la mitad» de 64 exámenes (Cero Latitud). Un indicio no equivale a culpabilidad, pero muestra dónde se concentra la lupa.
Las causas: obra pública y crimen en el territorio
Los casos tienen dos raíces distintas que conviene no mezclar.
- Contratación de obra pública. Es el centro de los expedientes de Playas, El Tambo, Pujilí y Cuenca, donde se investigan presuntos peculados. Torres atribuyó la mayor cantidad de casos en la Costa a la «falta de controles».
- Infiltración del crimen organizado en los municipios. Es la preocupación que expresó en Expreso el abogado André Santos, director del centro de pensamiento Firmes. Es también el trasfondo de las investigaciones por lavado de activos y delincuencia organizada, como las de Vinces, Guayaquil, Esmeraldas o Jipijapa.
En el caso de Naranjal, no hay hasta ahora un proceso judicial que permita ubicarlo en ninguna de las dos categorías.
Efectos: partidos que se cuidan y candidaturas que no se pueden cambiar
La reacción de ADN muestra un efecto inmediato: los partidos buscan tomar distancia antes de que el caso les cueste votos. Pero la ley limita ese margen.
Según el artículo 108 del Código de la Democracia, citado por Primicias, las candidaturas ya calificadas e inscritas son irrenunciables. Solo pueden reemplazarse por fallecimiento o por una inhabilidad comprobada. En la práctica, quien ya esté en la papeleta seguirá en ella, aunque su organización lo desconozca.
La misma norma protege a los candidatos calificados: no pueden ser procesados penalmente ni privados de la libertad desde su calificación hasta la proclamación de resultados. Las excepciones son la flagrancia y algunos delitos específicos. Esa es la protección a la que habría aludido el ministro Reimberg al hablar de la «inmunidad» de Balladares, aunque las autoridades no han precisado si el alcalde de Playas es candidato.
La consecuencia es un dilema para el votante. El 29 de noviembre podría encontrar en la papeleta a candidatos investigados que, por ley, no pueden ser procesados hasta después de la elección.
Las posturas
El Gobierno presenta los operativos como parte de su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. ADN dice que su lucha es «frontal y sin excepciones». Los alcaldes aludidos que se han pronunciado, o sus allegados, hablan de persecución o de «campaña sucia» en plena temporada electoral. Las defensas cuestionan la solidez de los elementos presentados por la Fiscalía. Solo la justicia podrá determinar responsabilidades.
¿Qué viene?
- Playas: la Fiscalía debe analizar los indicios recogidos y recibir las versiones. Cualquier formulación de cargos contra el alcalde dependerá de que termine la protección electoral, si es candidato.
- Naranjal: queda por ver si la Fiscalía abre una investigación y si la candidatura de Rivera sigue en firme.
- Vinces: corre la instrucción fiscal de 90 días, y la defensa puede apelar la prisión preventiva.
- Esmeraldas: la audiencia preparatoria de juicio de Villacís está fijada para el 18 de noviembre.
- Elecciones: el 29 de noviembre, 13,8 millones de electores votan por autoridades locales.
