El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, se pronunció de manera enérgica tras conocer la reciente sentencia judicial que le impuso nueve años y cuatro meses de prisión, tanto a él como a su hijo Jacobo Bucaram, por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Pruebas COVID-19. En sus recientes declaraciones, el exmandatario desestimó la resolución de los jueces y mantuvo su postura de que no existe ninguna infracción penal en los hechos investigados.
El centro del argumento de Bucaram radica en la naturaleza de la transacción comercial que dio origen a la investigación. Según el expresidente, la comercialización de los insumos médicos fue estrictamente una compra entre actores privados. En su intervención, cuestionó abiertamente dónde radica el delito en una operación de este tipo y enfatizó que en ningún momento se vio afectado el sector público. Bajo esta premisa, la defensa argumenta que las pruebas para la detección del virus pertenecían legítimamente a su hijo, quien, asegura, las adquirió directamente a un empresario particular.
Cuestionamientos a la cooperación eficaz
La condena, dictada el pasado 9 de septiembre de 2026 por un Tribunal Penal, determinó que tanto Abdalá como Jacobo Bucaram actuaron en calidad de colaboradores dentro de una red de delincuencia organizada. En la misma diligencia, la justicia ecuatoriana impuso una pena mayor, de trece años y cuatro meses, para los autores directos, entre ellos el ciudadano de nacionalidad israelí Oren Sheinman. Sin embargo, este último se benefició de una significativa reducción de su condena por acogerse al recurso de cooperación eficaz.
Bucaram no dejó pasar este detalle y se refirió con ironía al acuerdo que permitió al ciudadano extranjero reducir su tiempo en prisión, señalando que la pena quedó en apenas dos años gracias a dicha figura legal. Manifestó, en tono de sarcasmo, que el procesado extranjero es una «buena persona» de la que no hablaría, y agradeció que su condena fuera tan baja. Con estas declaraciones, el expresidente intentó desestimar el peso de los testimonios y los acuerdos que la Fiscalía General del Estado logró para sustentar el caso.
Señalamientos hacia otras autoridades
El exjefe de Estado fue más allá de la defensa técnica y lanzó insinuaciones sobre presuntas responsabilidades de otras figuras que no fueron procesadas. Bucaram cuestionó públicamente quién fue la persona que realmente proporcionó los contactos telefónicos a los dos ciudadanos extranjeros para que se acercaran a vender las pruebas a su hijo Jacobo, asegurando que fueron «otros» quienes facilitaron esa información.
En la misma línea, hizo una mención directa a un «vicepresidente», sugiriendo que a la llegada del ciudadano extranjero al país se le habría garantizado protección o se le habría dicho que no se preocupara por las acciones de la fiscal. Estas aseveraciones apuntan a sembrar dudas sobre la imparcialidad del proceso legal y sugieren posibles motivaciones políticas detrás del juicio.
Actualmente, Bucaram —quien escuchó la lectura de la sentencia conectado de manera telemática desde una casa de salud en Guayaquil tras reportar problemas cardíacos— buscará agotar todas las instancias legales. Su postura defensiva se mantiene inamovible frente a uno de los casos judiciales más emblemáticos originados durante la emergencia sanitaria de 2020, apostando por la nulidad de un fallo que considera totalmente injustificado.
Texto: Redacción Visionarias / IA
