El camino hacia los próximos comicios seccionales presenta nuevos obstáculos legales y administrativos para figuras políticas de relevancia nacional. En las últimas horas, las autoridades electorales han emitido resoluciones y recibido denuncias que complican el panorama para la excandidata presidencial Luisa González en la provincia de Manabí, y para el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
La negativa a Luisa González en Manabí
La Junta Provincial Electoral de Manabí resolvió negar la calificación e inscripción de la candidatura de Luisa González, quien buscaba la Prefectura de la provincia bajo el auspicio del movimiento Pachakutik (PK). La misma medida se aplicó para su compañero de fórmula, Gabriel Giler, aspirante a la Viceprefectura.
De acuerdo con la resolución del organismo, la decisión se fundamenta en el incumplimiento del Régimen Orgánico y el Reglamento para la Democracia Interna de la agrupación política. La Junta determinó que los precandidatos no cumplen con el requisito de ser miembros activos del movimiento por al menos dos años previos a la postulación.
Adicionalmente, el ente electoral concluyó que el procedimiento utilizado para reemplazar a Gladys Pionce y Luis Chalacama —los candidatos originales de la lista— no se ejecutó bajo los parámetros correctos. Con estos argumentos, las autoridades aceptaron la objeción presentada contra la inscripción.
La defensa: «Mi candidatura es legal»
Tras conocerse el dictamen, Luisa González se pronunció a través de un video difundido en sus redes sociales, donde aseguró categóricamente que su postulación cumple con todos los requisitos de ley.
La aspirante señaló que la Delegación Provincial acogió una impugnación impulsada por el movimiento oficialista ADN, y dirigió sus críticas hacia Mishel Mancheno, a quien acusó de carecer de legitimidad para intervenir en el proceso. En su defensa legal, González argumentó que la normativa electoral ecuatoriana sí permite el reemplazo de candidaturas y la inclusión de figuras en calidad de «invitados», un recurso que, según su equipo, habilitaría su participación más allá de los códigos internos de Pachakutik que exige la Junta.
Pabel Muñoz bajo la lupa del TCE
Mientras la disputa de inscripciones se intensifica en la costa, en la capital el escenario judicial también se agita. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue denunciado formalmente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la ciudadana Jennifer Celorio, quien lo acusa de haber incurrido en una presunta infracción electoral grave.
La querella ingresa en un momento de alta sensibilidad política, en pleno desarrollo de la etapa organizativa de las elecciones. De ser hallado culpable por los jueces del TCE, el burgomaestre capitalino se expone a sanciones severas establecidas en la normativa vigente, que incluyen una multa económica que oscila entre los 11 y 50 salarios básicos unificados. Además, una sentencia desfavorable podría derivar en la suspensión de sus derechos políticos de participación.
Texto: Redacción Visionarias / IA
