El manejo del sistema de videovigilancia de Guayaquil encendió el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 85 votos a favor, el Legislativo aprobó este 15 de septiembre de 2026 el informe de fiscalización sobre el caso Segura EP, remitiendo el expediente a la Fiscalía General del Estado ante la presunta existencia de una red de espionaje con fines políticos.
El debate estuvo marcado por la comparecencia del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González. Frente al Pleno, el legislador reconoció públicamente que la voz filtrada en los polémicos audios del caso le pertenece. «Por supuesto que es mi voz», afirmó, aunque justificó su participación en una reunión con el expresidente Rafael Correa, el exfuncionario Fernando Cornejo y el exteniente Ronny Rengel, como parte de un acto legítimo en el ejercicio de sus atribuciones legislativas. Según la investigación expuesta, en dicho encuentro se habría abordado la vigilancia a viviendas particulares y la interceptación de llamadas telefónicas.
EL AUDIO FILTRADO
Los cuatro hallazgos de la Comisión
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, detalló los hechos que sustentan el informe y apuntó a la operación de «salas clandestinas creadas para perseguir fines y objetivos políticos». Los puntos centrales incluyen:
- La existencia de una solicitud electrónica, enviada el 20 de noviembre de 2024 por Fernando Cornejo, entonces presidente de Segura EP, para instalar una «sala espejo» en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil.
- La implementación de este centro de monitoreo al margen del sistema integrado oficial y sin la autorización ni los procesos de interoperabilidad técnica exigidos por el ECU911.
- La confirmación de las voces en los audios filtrados, que revelarían las coordinaciones operativas de la presunta red.
- La apertura formal de una investigación por parte de la Fiscalía General por el presunto delito de asociación ilícita, a lo que podrían sumarse cargos derivados por peculado, tráfico de influencias y acceso no consentido a información reservada.
Repercusiones políticas e institucionales
Ante la admisión de González en el Pleno, Alarcón solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que evalúe rigurosamente la conducta del parlamentario de la RC para determinar si corresponden medidas disciplinarias inmediatas. Por su parte, la bancada correísta, a través de legisladoras como Viviana Veloz, cuestionó el informe calificándolo de sesgado y sosteniendo que busca generar una condena política contra el expresidente Rafael Correa y el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
El documento aprobado no solo activará a la justicia ordinaria. La Asamblea dispuso que la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Protección de Datos y el ECU911 reciban de inmediato el expediente para iniciar las respectivas auditorías y establecer correctivos sobre la administración de los sistemas de videovigilancia.
Texto: Redacción Visionarias / IA
