El desenlace del denominado caso Pruebas COVID-19 se mantiene atrapado en un laberinto de incidentes judiciales. Por quinta ocasión consecutiva, la audiencia en la que debía leerse la sentencia contra el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo fue declarada fallida. Lo que debía ser la resolución de un proceso iniciado en plena emergencia sanitaria de 2020, hoy corre el riesgo de prolongarse ante una serie de postergaciones sistemáticas.
El Ministerio Público acusa a los procesados del presunto delito de delincuencia organizada. Según la tesis fiscal, los implicados habrían conformado una estructura para aprovecharse de la crisis de la pandemia y comercializar de manera irregular insumos médicos, evadiendo los controles legales para obtener cuantiosos beneficios económicos. En contraste, la defensa de la familia Bucaram rechaza tajantemente la acusación, alegando que son víctimas de una persecución política y argumentando que la compra y el almacenamiento de dichos insumos no constituyen un delito.
El origen de un caso complejo
El expediente judicial arrancó en agosto de 2020, un periodo marcado por el colapso del sistema sanitario ecuatoriano. La investigación tomó un giro dramático ese mismo mes tras el asesinato del ciudadano israelí Shy Dahan en el interior de la Penitenciaría del Litoral. Antes de su muerte, Dahan había declarado a las autoridades haber vendido pruebas rápidas de COVID-19 a Jacobo Bucaram. Junto al expresidente y su hijo, también enfrentan este juicio el sobreviviente israelí Oren Sheinman y el exagente de tránsito Leandro Berrones. Otros dos ex uniformados involucrados ya aceptaron su culpabilidad en años anteriores y fueron condenados a cinco años de prisión.
Aunque la instrucción y las etapas previas duraron años, el juicio formalmente inició en abril de 2025. Tras decenas de testimonios de peritos y testigos, el tribunal llegó a la etapa final de deliberación. Sin embargo, la lectura del fallo judicial para conocer si se condena o absuelve a los procesados se ha topado con una cadena de obstáculos.
El historial de las cinco suspensiones
Desde que los jueces anunciaron estar listos para emitir un veredicto, se han registrado cinco intentos fallidos de instalación:
- Ausencias de la defensa y traducción: Las primeras suspensiones respondieron a faltas injustificadas. La audiencia fue cancelada, entre otras razones, por la inasistencia de un abogado defensor y por la ausencia de la perito traductora asignada para el procesado extranjero.
- Permisos de salud judicial: Otra convocatoria, fijada para inicios de agosto de 2026, tuvo que suspenderse debido a un certificado médico presentado por uno de los jueces del tribunal.
- La salud de Bucaram: Los dos últimos aplazamientos se fundamentaron en el estado de salud del exmandatario, quien alegó padecer un problema cardíaco. Se difundieron imágenes en redes sociales para solicitar empatía por su situación.
El último episodio, ocurrido el 31 de agosto de 2026, generó gran controversia. Tras la notificación médica, el tribunal ordenó a la Policía verificar la hospitalización de Bucaram en Guayaquil. El agente designado reportó que no pudo corroborar su presencia, pues el personal de la clínica privada se negó a proporcionar información sobre el registro del paciente.
Pese al reporte policial, el exjefe de Estado logró conectarse a la audiencia telemáticamente desde la casa de salud, asegurando que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) junto a sus familiares. Además, aseguró que la factura de ingreso y su historial clínico sí le fueron entregados al oficial encargado de la verificación.
Riesgo de prescripción y nuevas medidas
El paso del tiempo juega en contra del sistema de justicia. Al haber transcurrido seis años desde los hechos, juristas y observadores advierten que el caso podría enfrentarse a la prescripción en 2027 si no se emite una sentencia en firme.
Frente a esta dilatación constante, la Fiscalía solicitó de manera oficial que se inicie una investigación exhaustiva para determinar las verdaderas causas de los reiterados diferimientos. Mientras tanto, el tribunal ha fijado una nueva fecha para la lectura de la sentencia, en la que se espera poner fin a la incertidumbre y determinar la inocencia o culpabilidad de la familia Bucaram.
Texto: Redacción Visionarias / IA
