Suspenden por segunda ocasión la reconstrucción de los hechos en el caso Lizeth Bunshi; la familia denuncia irregularidades
El proceso judicial que investiga la muerte de la joven Lizeth Bunshi enfrenta un nuevo obstáculo técnico y legal. Por segunda ocasión, la Fiscalía se vio obligada a suspender la diligencia de reconstrucción de los hechos, argumentando que no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el procedimiento. Este nuevo aplazamiento retrasa la obtención de pruebas fundamentales dentro de la etapa de indagación y ha intensificado el reclamo de justicia por parte de los familiares de la víctima y colectivos sociales.
La reconstrucción de los hechos es una pericia clave que busca esclarecer la dinámica y las circunstancias exactas en las que ocurrió el suceso. Su paralización no solo alarga los tiempos procesales, sino que incrementa la preocupación de los allegados ante un posible escenario de impunidad.
El cambio de versión que frenó un operativo masivo
La reciente suspensión se suma a un historial de trabas documentadas por la familia Bunshi. Según relataron los afectados, en la convocatoria anterior ellos habían cumplido con todos los requerimientos solicitados por las autoridades, lo que incluyó la logística de proveer un maniquí y coordinar la presencia de una persona con características fisonómicas similares a las de Lizeth para realizar la simulación.
Sin embargo, aquella diligencia fue cancelada a última hora debido a que el principal sospechoso de la investigación, Cristian Villavicencio, modificó sorpresivamente su versión de los hechos ese mismo día. Este repentino cambio obligó a las autoridades a desarticular un amplio operativo de seguridad que ya se encontraba en el lugar y que había movilizado a cerca de 400 uniformados, incluyendo efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y policías metropolitanos.
Señalamientos de supuestos privilegios e irregularidades
Frente a las continuas postergaciones, la familia ha levantado serias denuncias sobre aparentes tratos preferenciales hacia el procesado. A través de un pronunciamiento público, la vocería familiar cuestionó las condiciones de detención de Cristian Villavicencio. Aseguran que el sospechoso cuenta con un esquema de protección especial y no permanece recluido en un centro de privación de libertad regular. Según sus afirmaciones, esta situación respondería a que el acusado tendría hermanos ocupando altos mandos dentro de la estructura de la Policía Nacional.
Además, los allegados calificaron como una «burla» el manejo de los traslados del procesado hacia las diligencias judiciales. Criticaron que, a pesar del fuerte resguardo policial que lo acompaña, se le permita asistir en condiciones que consideran inapropiadas para la gravedad del caso, como el uso de sandalias, mientras sus pertenencias son manejadas por su equipo de defensa. Asimismo, denunciaron que en las últimas semanas han percibido actitudes de irrespeto hacia su dolor por parte de los abogados de la contraparte y de la propia familia Villavicencio.
Llamado directo a las máximas autoridades
En medio de la incertidumbre jurídica, la familia reconoció y agradeció la apertura al diálogo que han encontrado en el Ministerio de Gobierno y en la Asamblea Nacional. No obstante, recalcaron que la gravedad de la situación requiere acciones inmediatas que se traduzcan en celeridad procesal.
En su intervención, hicieron un llamado directo al presidente de la República, Daniel Noboa, y a las autoridades del sistema de justicia, exigiendo que se detengan las dilaciones y las constantes suspensiones. La familia reiteró su pedido de transparencia, solicitando garantías para que la investigación avance con objetividad y la muerte de Lizeth Bunshi no se convierta en una estadística más de la impunidad judicial en el país.
Texto: Redacción Visionarias / IA
