Las crecientes y sólidamente documentadas denuncias reveladas por Visionarias sobre una presunta red de cobro de diezmos a trabajadores de la Empresa de Pasajeros de Quito configuran múltiples y complejos frentes judiciales. La abogada María Gallegos advirtió que, si bien la justicia penal ecuatoriana rara vez logra condenar a los altos jerarcas políticos, el alcalde Pabel Muñoz se enfrenta a un inminente y muy real riesgo de destitución en el ámbito electoral debido a graves infracciones por financiamiento ilícito.
Las contundentes revelaciones periodísticas de nuestra investigación exclusiva sobre el «Caso Vqnas» incluyen capturas de chats institucionales, un escandaloso «tarifario» detallado que exige entre 70, 80 y 100 dólares mensuales según el rango del funcionario público, y videos donde se observa claramente la entrega de dinero en efectivo en despachos municipales a personal administrativo. Durante su extensa entrevista en Visionarias, la abogada María Gallegos precisó que, para que la Fiscalía admita estos elementos como pruebas válidas y evitar su exclusión procesal, se debe cumplir obligatoriamente con un riguroso protocolo de cadena de custodia, una explotación forense de los dispositivos electrónicos y un peritaje acústico que coteje los timbres de voz de los involucrados en los audios.
En el escenario netamente penal, el delito tipificado por estos cobros bajo coerción sería el de concusión, el cual acarrea penas severas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, la jurista fue muy realista al señalar que comprobar la materialidad y la orden directa desde las máximas autoridades políticas hacia abajo es sumamente difícil en la práctica. Históricamente, en Ecuador, las condenas por casos de diezmos y vacunas terminan enviando a la cárcel únicamente a los funcionarios de mandos medios y bajos que actúan como operadores o recolectores del dinero. Gallegos añadió además que, de existir una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, nacería de inmediato una obligación en el ámbito civil mediante la cual estos cobradores subordinados deberán responder con su propio patrimonio para indemnizar a las víctimas de la extorsión.
La experta fue sumamente enfática en señalar que la verdadera amenaza, o el gran «talón de Aquiles» para el burgomaestre capitalino, se asienta en la jurisdicción del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Según la estricta normativa ecuatoriana y el Código de la Democracia, la utilización de presiones administrativas para extraer recursos económicos de servidores públicos con el fin de sostener campañas o actividades partidistas constituye una gravísima infracción electoral por financiamiento ilícito de origen prohibido.
El escándalo ha escalado a nivel institucional con gran rapidez. El bloque legislativo de ADN anunció que solicitará formalmente el inicio de auditorías en la Contraloría General del Estado y la intervención del Ministerio de Trabajo, mientras que el activista ciudadano Esteban Guarderas ya oficializó una denuncia penal por concusión en la Fiscalía contra el alcalde Muñoz, quien hasta el momento ha guardado silencio y no asistió a dar la cara en la reciente sesión del Concejo Metropolitano.
De comprobarse la participación y el beneficio político de esta recaudación irregular en el seno del TCE, el alcalde Pabel Muñoz enfrentaría no solo severas sanciones pecuniarias (multas de 11 a 20 salarios mínimos vitales), sino, de manera fulminante, la destitución inmediata de su cargo y la inhabilitación para ejercer sus derechos de participación política, lo que marcaría un hito sin precedentes en la depuración de la corrupción en la capital.
