Según el testimonio de un exfuncionario de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, desde su primer día de trabajo se le habría exigido pagar en efectivo, dentro de su jornada laboral, una «vacuna». De acuerdo con la versión del denunciante, el gerente habría señalado en reuniones que esos fondos servirían para financiar la campaña de Pabel Muñoz.
Sempertegui explicó que el caso llegó a la Fundación a través del Colectivo Vértice. Indicó que solicitar aportes bajo amenaza de despido en el sector público configuraría concusión y cohecho, delitos imprescriptibles, además de infracciones al Código de la Democracia.
Las penas que contempla la ley
| Figura | Norma | Sanción |
|---|---|---|
| Concusión agravada (amenazas de despido) | Art. 281, inciso 2, COIP | 5 a 7 años de prisión |
| Concusión simple (sin amenazas directas) | Art. 281, inciso 1, COIP | 3 a 5 años de prisión |
| Cohecho | Art. 280, COIP | 3 a 5 años; 5 a 7 si se ejecuta el acto indebido; 7 a 10 si busca cometer otro delito |
| Solicitud de aportes desde funciones públicas | Art. 278, num. 3, Código de la Democracia | Multa de 11 a 20 SBU, destitución del cargo y suspensión de derechos políticos de 6 meses a 2 años |
Las pruebas
- Chats notarizados: conversaciones certificadas ante notario, extraídas del teléfono del denunciante. En ellas, el gerente recordaba a los empleados el pago de la «vacuna», incluso con stickers alusivos.
- Duración: los cobros habrían comenzado en julio de 2024 y continuado por más de dos años, con pagos recientes en efectivo durante horas de trabajo.
- Responsabilidad del candidato: según Sempertegui, tras las reformas al Código de la Democracia, el candidato beneficiado responde de forma directa por la recolección indebida de fondos, aunque la ejecute un tercero.
Contraloría y vía penal
Usar instalaciones y horario laboral de servidores públicos para recaudar dinero ajeno a la función pública constituiría una falta grave. Se prevé que la Contraloría General del Estado abra auditorías que podrían derivar en glosas administrativas y civiles, e Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP). Sempertegui aclaró que la Fiscalía puede actuar de inmediato, sin esperar un informe de Contraloría.
Intimidación y protección a testigos
Sempertegui y Hinostroza alertaron que un testigo sufrió un atentado: le rompieron el parabrisas del vehículo mientras rendía su testimonio. También advirtieron que el expresidente Rafael Correa expuso, desde Bélgica y a través de sus redes sociales, el nombre de un testigo protegido, lo que pondría en riesgo su integridad. El abogado comparó esa filtración con patrones vistos en los casos Caja Chica y Metástasis. Se pidió a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional activar el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.
Reincidencia electoral: la destitución en juego
El Alcalde ya fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con una multa de USD 9.000 por proselitismo político a favor de la excandidata Luisa González. Sempertegui sostuvo que, de incurrir nuevamente en una infracción grave al Código de la Democracia, se configuraría reincidencia, lo que facultaría a los jueces electorales a imponer la sanción máxima: la destitución del cargo en lugar de una multa.
Lo que sigue
Visionarias continuará el seguimiento de las acciones penales, administrativas y electorales. La entrevista completa está disponible en www.visionarias.com.ec.
